Lealtadis Abogados dispone de un departamento especialmente dedicado al Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo, que ofrece a sus clientes cobertura para todas sus necesidades en este ámbito del derecho.Los abogados que componen esta área poseen profundos conocimientos jurídicos y una amplia experiencia y competencia profesional en la misma, comprendiendo las siguientes especialidades:

La firma Lealtadis Abogados incorpora otra vía de asesoramiento especializado en un marco legal tan especifico como el derecho deportivo, dirigido a deportistas, agentes, clubes, ligas profesionales o empresas relacionadas con el deporte de un modo u otro.

Nuestros servicios pasan por el más amplio asesoramiento en todas aquellas disciplinas que afectan y condicionan esta rama del derecho, como son:

Intervención en procedimientos judiciales o arbitrales, de nivel nacional o internacional.

• Derecho Contractual y Obligacional.
• Imagen.
• Esponsorización.
• Marketing.
• Marcas, Propiedad Industrial e Intelectual.
• Derecho Tributario y Societario.
• Derecho Laboral.
• Derecho Administrativo.

El departamento de derecho internacional está dedicado al asesoramiento, asistencia y gestión de índole supranacional, en inglés, francés, alemán e italiano, permitiendo y facilitando la prestación de nuestros servicios jurídicos ante organismos internacionales, así como la realización de gestiones con empresas y entidades radicadas fuera de nuestras fronteras.

• Inversión extranjera en España. (sea mediante establecimiento permanente, filial española u otra vía)
• Asesoramiento y representación en materia de tributación de no residentes.
• Representación ante órganos internacionales.
• Asesoramiento a la inversión española en el extranjero.
• Derecho comunitario.
• Derecho internacional privado.
• Enlace entre los departamentos especializados del despacho y el cliente extranjero.

Lealtadis Abogados posee una vocación netamente mercantilista, lo que lleva aparejado que la totalidad de los profesionales del despacho integrados dentro de este departamento cuenten con un profundo conocimiento de la materia.

No obstante lo anterior, nuestra actividad se enfoca desde una perspectiva multidisciplinar, que permite, que en cualquier operación mercantil o societaria, sean objeto de análisis todos los aspectos jurídicos que puedan verse implicados en ella (fiscales, laborales, etc).

Del mismo modo, todos los abogados pertenecientes al departamento gozan de una elevada especialización en el asesoramiento a clientes en Juntas Generales y Órganos de Administración, ya sea en el momento de la constitución de la sociedad, en el devenir ordinario de la misma o a propósito de una operación concreta.

El departamento de Derecho Civil ha tramitado más de 3.500 asuntos en los últimos cinco años en todas las materias jurídicas de tipo general —Derecho de obligaciones y contratos, Derecho Inmobiliario y Registral, Familia y Sucesiones, Derecho de Consumidores y Usuarios—, por lo que goza de una importante experiencia en todo tipo de cuestiones, que le permite dar soluciones específicas a los problemas de cada cliente y conseguir una alto grado de fidelidad en ellos.

El equipo y la colaboración de otros despachos nos permiten la defensa de los intereses del cliente en todos los tribunales del Estado, cualquiera que sea su ubicación e instancia.

Asesoramos en todas aquellas tramitaciones y gestiones con:

• Contrato de Seguros y reaseguros.
• Ordenación y supervisión.
• Mediación en seguros y reaseguros privados.
• Contencioso.
• Planes y fondos de pensiones.

Nuestra firma está especialmente orientada al ámbito empresarial, por lo que cubrimos todos aquellos aspectos jurídicos, y entre ellos con especial atención a los aspectos tributarios, que, directa o indirectamente, sean susceptibles de consideración en el funcionamiento de las distintas entidades mercantiles o civiles, y en las relaciones jurídico-económicas de los particulares.

Especial significación tiene dentro de los servicios prestados el asesoramiento preventivo y que tiene como finalidad obtener un diagnóstico previo al cierre de los ejercicios económicos de las distintas contingencias tributarias que puedan afectar a la empresa.

En concreto, dentro de esta área del derecho, estamos especializados en el asesoramiento en materia de impuestos estatales, tales como el Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido (incluyendo el asesoramiento fiscal y contable), Impuestos cedidos de gestión autonómica, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto sobre Sucesiones, así cómo de impuestos autonómico o locales.

Lealtadis Abogados cuenta con un departamento de Urbanismo e Inmobiliario que ofrece una cobertura que comprende la totalidad de las circunstancias que pudieran necesitar todo tipo de clientes a modo personal o para su empresa en este campo.

Para la consecución de resultados óptimos en estas áreas, el departamento, cuenta con profesionales de holgada experiencia profesional, totalmente especializados en estas ramas del derecho, ofreciendo un seguimiento permanente a nuestros clientes para la obtención de soluciones rápidas y acertadas a las numerosas situaciones de carácter urbanístico e inmobiliario que surgen diariamente en el tráfico jurídico.

Conscientes de la necesidad de los conocimientos técnicos que es necesario aportar para el buen resultado de las numerosas situaciones que les acontecen a nuestros clientes, en el departamento, coexisten en una continua interacción con nuestros abogados, tanto arquitectos, topógrafos, ingenieros de obras y caminos pertenecientes a nuestra firma, que resuelven así mismo, cualquier problemática de forma coordinada y eficaz entre las necesidades jurídicas y las técnicas que surgen en estos dos campos.

En este área, especialmente destinada a servir de apoyo a los departamentos internos de contabilidad de nuestros clientes, el despacho se centra en varios aspectos:

• En el estudio de contabilidades externas, para su comprobación, estudio y asesoramiento sobre la correcta aplicación de la normativa contable.
• En la asesoría y apoyo concreto en la planificación contable de todo tipo de operaciones empresariales, desde las más usuales, hasta otras de mayor complejidad como fusiones, absorciones, ampliaciones y reducciones de capital.
• En el asesoramiento contable a grupos de sociedades, tanto desde el punto de vista fiscal como contable.
• En la correcta contabilización de los distintos impuestos, provisiones, deducciones, créditos en el impuesto sobre sociedades, impuesto sobre el valor añadido y sus posibles especialidades, como prorratas.
• En la adecuación al nuevo plan general contable, actuaciones que anteceden al cierre contable.

Estos son los tipos de crédito:

A. CRÉDITOS CONTRA LA MASA (ART. 84 LEY CONCURSAL)
Con carácter general, los generados con posterioridad a la declaración de concurso.
Los CRÉDITOS CONTRA LA MASA tienen un tratamiento distinto a los CRÉDITOS CONCURSALES. Los créditos que se vayan produciendo con posterioridad a la declaración del concurso de acreedores SÍ SE PODRÁN PAGAR. El pago de los créditos contra la masa se efectuará independientemente de su origen (la ley no distingue si son sueldos de los empleados, si son deudas con la Hacienda Pública o si son deudas de un simple proveedor, con la sola excepción de los créditos por salarios de los treinta días anteriores a la declaración del concurso en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, que se pagarán con carácter preferente a cualquier otro). Se pagarán siguiendo el estricto orden de su vencimiento, es decir, se pagarán antes los créditos contra la masa cuyos vencimientos (fechas en las que se señaló cuando se debían pagar los créditos) sean anteriores a las fechas de vencimiento de otros créditos, independientemente, insistimos, del origen y naturaleza de los mismos, con la excepción antes señalada de los créditos laborales por los treinta días anteriores al concurso.

Tienen la consideración de créditos contra la masa:

1. Los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional.
2. Los de costas y gastos judiciales necesarios para la solicitud y la declaración de concurso, la adopción de medidas cautelares, la publicación de las resoluciones judiciales previstas en esta Ley, y la asistencia y representación del concursado y de la administración concursal durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, cuando su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa, hasta la eficacia del convenio o, en otro caso, hasta la conclusión del concurso, con excepción de los ocasionados por los recursos que interpongan contra resoluciones del juez cuando fueren total o parcialmente desestimados con expresa condena en costas.
3. Los de costas y gastos judiciales ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de acreedores legitimados en los juicios que, en interés de la masa, continúen o inicien conforme a lo dispuesto en esta Ley, salvo lo previsto para los casos de desistimiento, allanamiento, transacción y defensa separada del deudor y, en su caso, hasta los límites cuantitativos en ella establecidos.
4. Los de alimentos del deudor y de las personas respecto de las cuales tuviera el deber legal de prestarlos, conforme a lo dispuesto en esta Ley sobre su procedencia y cuantía así como, en toda la extensión que se fije en la correspondiente resolución judicial posterior a la declaración del concurso, los de los alimentos a cargo del concursado acordados por el juez de primera instancia en alguno de los procesos a que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil.Tendrán también esta consideración los créditos de este tipo devengados con posterioridad a la declaración del concurso cuando tengan su origen en una resolución judicial dictada con anterioridad.
5. Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso, incluyendo los créditos laborales, comprendidas en ellos las indemnizaciones de despido o extinción de los contratos de trabajo, así como los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, hasta que el juez acuerde el cese de la actividad profesional o empresarial, o declare la conclusión del concurso.Los créditos por indemnizaciones derivadas de extinciones colectivas de contratos de trabajo ordenados por el juez del concurso se entenderán comunicados y reconocidos por la propia resolución que los apruebe, sea cual sea el momento.
6. Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso, y de obligaciones de restitución e indemnización en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado.
7. Los que, en los casos de pago de créditos con privilegio especial sin realización de los bienes o derechos afectos, en los de rehabilitación de contratos o de enervación de desahucio y en los demás previstos en esta Ley, correspondan por las cantidades debidas y las de vencimiento futuro a cargo del concursado.
8. Los que, en los casos de rescisión concursal de actos realizados por el deudor, correspondan a la devolución de contraprestaciones recibidas por éste, salvo que la sentencia apreciare mala fe en el titular de este crédito.
9. Los que resulten de obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento por la administración concursal o, con la autorización o conformidad de ésta, por el concursado sometido a intervención.
10. Los que resulten de obligaciones nacidas de la Ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración de concurso y hasta la conclusión del mismo.
11. El cincuenta % de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación, en las condiciones previstas en el artículo 71.6.En caso de liquidación, los créditos concedidos al concursado en el marco de un convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 100.5.Esta clasificación no se aplica a los ingresos de tesorería realizados por el propio deudor o por personas especialmente relacionadas a través de una operación de aumento de capital, préstamos o actos con análoga finalidad.
12. Cualesquiera otros créditos a los que esta Ley atribuya expresamente tal consideración

B. CRÉDITOS CONCURSALES (ARTS. 89 A 92 DE LA LEY CONCURSAL):
Son los créditos que se han generado con anterioridad a la declaración de concurso y se dividen en:

1. Créditos con privilegio especial.

1. Los créditos garantizados con hipoteca voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria, o con prenda sin desplazamiento, sobre los bienes o derechos hipotecados o pignorados.
2. Los créditos garantizados con anticresis, sobre los frutos del inmueble gravado.
3. Los créditos refaccionarios, sobre los bienes refaccionados, incluidos los de los trabajadores sobre los objetos por ellos elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado.
4. Los créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los financiadores, sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago.
5. Los créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta, sobre los valores gravados.
6. Los créditos garantizados con prenda constituida en documento público, sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de créditos, bastará con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los créditos pignorados. La prenda en garantía de créditos futuros sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso.

2. Créditos con privilegio general.

1. Los créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, devengados con anterioridad a la declaración de concurso. Igual privilegio ostentarán los capitales coste de Seguridad Social de los que sea legalmente responsable el concursado, y los recargos sobre las prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, siempre que sean devengadas con anterioridad a la declaración de concurso.
2. Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal.
3. Los créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente y los que correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso.
4. Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2 de este artículo. Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, hasta el 50 % de su importe.
5. Los créditos por responsabilidad civil extracontractual. No obstante, los daños personales no asegurados se tramitarán en concurrencia con los créditos recogidos en el número 4.º de este artículo. Los créditos en concepto de responsabilidad civil derivada de delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.
6. Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación que reúna las condiciones previstas en el artículo 71.6 y en la cuantía no reconocida como crédito contra la masa.
7. Los créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el concurso y que no tuvieren el carácter de subordinados, hasta el 50 % de su importe.

3. Créditos ordinarios.
Todos los créditos concursales, que no sean privilegiados ni subordinados.

4. Créditos subordinados.

1. Los créditos que, habiendo sido comunicados tardíamente, sean incluidos por la administración concursal en la lista de acreedores, así como los que, no habiendo sido comunicados, o habiéndolo sido de forma tardía, sean incluidos en dicha lista por comunicaciones posteriores o por el juez al resolver sobre la impugnación de ésta. No quedarán subordinados por esta causa, y serán clasificados según corresponda, los créditos del artículo 86.3, los créditos cuya existencia resultare de la documentación del deudor, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los créditos asegurados con garantía real inscrita en registro público, los que constaren de otro modo en el concurso o en otro procedimiento judicial, y aquellos otros para cuya determinación sea precisa la actuación de comprobación de las Administraciones públicas.
2. Los créditos que por pacto contractual tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el deudor.
3. Los créditos por recargos e intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva garantía.
4. Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.
5. Los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor a las que se refiere el artículo siguiente, excepto los comprendidos en el artículo 91.1.º cuando el deudor sea persona natural y los créditos diferentes de los préstamos o actos con análoga finalidad de los que sean titulares los socios a los que se refiere el artículo 93.2.1.º y 3.º que reúnan las condiciones de participación en el capital que allí se indican.
6. Los créditos que como consecuencia de rescisión concursal resulten a favor de quien en la sentencia haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.
7. Los créditos derivados de los contratos con obligaciones recíprocas a que se refieren los artículos 61, 62, 68 y 69, cuando el juez constate, previo informe de la administración concursal, que el acreedor obstaculiza de forma reiterada el cumplimiento del contrato en perjuicio del interés del concurso.

El efecto más importante que se produce una vez declarada la situación de concurso para una empresa es que, de momento, los acreedores concursales no cobrarán sus créditos. La ley pretende que todos los acreedores tengan las mismas oportunidades de cobro (teniendo en cuenta que la propia Ley Concursal establece la prelación de créditos) y así, que no cobren unos acreedores antes que otros porque fueron más rápidos o porque fueron elegidos de una forma arbitraria por la empresa concursada.

Las consecuencias más importantes que se producen desde la declaración de concurso son las siguientes:

• El proceso está siendo supervisado por la administración concursal nombrada por el juez, que vela por los intereses de los acreedores.
• El crédito incluido en la “masa pasiva” permanece en balance, sin posibilidad de pago por imperativo legal, hasta que el procedimiento concursal se haya sustanciado en su integridad, mediante informe definitivo de administradores, y un Convenio de Acreedores aprobado.
• Se establece un procedimiento de revisión y confirmación de la deuda total de la sociedad concursada, con las debidas garantías procesales y de plazos para su presentación, y con posibilidad de impugnación en caso de disconformidad. En dicho proceso se cuantifican los saldos adeudados y se califican como deuda privilegiada, ordinaria o subordinada.

No podrán iniciarse procedimientos de apremio.

• Los acreedores con garantía real no podrán iniciar la ejecución hasta que se apruebe el convenio o al transcurrir un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la liquidación.
• No procede la compensación de los créditos y deudas del concurso.
• Quedará suspendido el devengo de intereses, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real.

EL CONCURSO DE ACREEDORES TERMINARÁ DE UNA DE LAS SIGUIENTES MANERAS:

• PAGO de la totalidad de los créditos concursales a todos sus acreedores.
• Por alcanzar un CONVENIO con los acreedores y continuar su actividad de forma que se conserve el patrimonio al servicio de la actividad.
• Por procederse a la LIQUIDACIÓN de la empresa concursada que conlleva la finalización de la actividad y liquidación del Patrimonio.